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| Defendamos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos |
Por Katherin Cruz
Cada 28 de septiembre se
conmemora el día que entró en vigencia, en el año 1871 en Brasil, la “Ley del
vientre libre”, con la cual se dispuso que todos los hijos e hijas de esclavas
nacidos a partir de esa fecha fueran considerados libres. Qué contradictorio
resulta pensar que a más de cien años del fin de la esclavitud las mujeres aún
siguen luchando por uno de sus derechos más importantes: la autodeterminación
sobre sus cuerpos.
En América Latina y el
Caribe esta fecha fue escogida para conmemorar el Día por la Despenalización
del Aborto, día en el cual se realizan campañas informativas y de incidencia
por la legalización del aborto en la región. Es a partir de estas luchas que se han realizado y ampliado los debates en torno al
aborto, considerado como un debate de salud pública, derechos humanos de las
mujeres, sobre el derecho a una vida sexual plena y libre de violencia, y el
derecho a una vida digna. Derechos que son violados y vulnerados a diario,
principalmente a las mujeres trabajadoras.
Situación del Aborto en América Latina y Honduras
De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que en el mundo se practican
aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo cada año. En
América Latina sólo hay 5 países que tienen una legislación que permite el
aborto, otros 11 lo permiten en algunos casos y 2 de ellos solamente cuando la
vida de la mujer esté en peligro. Mientras tanto en 7 países, incluido Honduras,
el aborto está penalizado en todas sus formas. “El 95% de los abortos que se realizan en
América Latina y el Caribe son inseguros y aproximadamente 11% de las muertes
maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más
de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir
tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro”[1]
En Honduras, el aborto está
penalizado en todas sus formas, incluso cuando la vida de las mujeres está en
peligro. De acuerdo al Código Penal las penas de reclusión van de tres a seis
años, así como sanciones económicas de entre 15,000 y 30,000 lempiras, tanto
para las mujeres que se practique un aborto como para sus colaboradores. Como
producto de estas políticas de penalización del
aborto y de control del cuerpo de las mujeres, anualmente miles de mujeres
pierden su vida como consecuencia de prácticas de abortos en clínicas
clandestinas bajo condiciones insalubres e inseguras. El sistema de salud
pública registró para el año 2006 más de 9,000 abortos, de ellos no se
especifica el tipo de aborto, pero el 22% de ellos corresponden a mujeres entre
los 10 a 19 años, mientras que el 78% corresponde a mujeres de 20 a 49 años.
En América
Latina, donde el aborto es considerado un crimen en la mayoría de los países,
la tasa de aborto, es decir, el número de abortos ocurridos cada mil mujeres,
es la más alta del mundo. La penalización del aborto de ninguna manera ha
reducido el número de abortos practicados, tampoco ha salvado la vida de
ninguna mujer en América Latina, ni en nuestro país.
Las mujeres pobres son las más afectadas
Las mujeres que
mueren por abortos insalubres no son de cualquier clase. Son las mujeres de la
clase trabajadora las que mueren en las clínicas clandestinas; son estas mujeres
que no tuvieron acceso a una educación sexual ni a anticonceptivos y que
tampoco tuvieron recursos para pagarse un aborto en condiciones seguras las que
fallecen día a día en el país Esto contrasta con las mujeres de la burguesía
que tiene los recursos para salir al extranjero a realizárselos en las mejores
condiciones. Esto es una injusticia social y una desigualdad que
podría ser tratable y prevenible si el Estado brindara recursos institucionales
para practicar abortos de manera segura y gratuita.
Defendamos el derecho de las mujeres a decidir
La defensa del derecho al
aborto no es un incentivo para que las mujeres se los practiquen. Por el
contrario, son las condiciones de pobreza, miseria y opresión al que las
mujeres trabajadoras están sometidas diariamente las que terminan empujándolas
a practicárselos. El aborto puede ser evitado garantizando una educación sexual
para toda la población y con la distribución gratuita y masiva de
anticonceptivos, como las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE). Estas
últimas prohibidas a partir del Golpe de Estado y que representaron un gran
retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres.
Por eso llamamos a los sindicatos, centrales obreras, organizaciones estudiantiles y al movimiento popular en su conjunto,
a que luchemos unificadamente por
la despenalización del
aborto en el país. Esta medida evitará que más mujeres
sigan muriendo en las peores condiciones de clandestinidad e insalubridad.
Desde el PST reafirmamos
nuestra lucha en defensa del derecho de las mujeres de ejercer la maternidad en
el momento que lo deseen. Exigimos el acceso a una educación
sexual laica, científica y sin tabús para todas las mujeres, por el derecho de
éstas a estar informadas y por su libertad para decidir sobre su vida sexual y
reproductiva. Por el aborto legal, seguro y gratuito ¡Despenalización ya!
[1] Véase más en “Día por la
despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”: http://www.28deseptiembre.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=169