Desde el
alzamiento insurreccional y el asesinato de luchadores y luchadoras que dejó la
misma, es más que claro que el régimen tiene como táctica privilegiada la
represión directa al movimiento de masas para evitar su inestabilidad. En
tiempos de ´calma´, ésta pasa a ser la represión selectiva del activismo y dirigencias
del movimiento popular que se mantiene en lucha contra el gobierno, por eso es
urgente que los trabajadores demos una respuesta a la misma para salvaguardar
nuestros derechos democráticos, económicos y gremiales.
Mientras la
represión campea, el régimen posa de democrático para generar una falsa
estabilidad que le permitiría terminar su período de gobierno. Para ganarse a
los sectores de oposición más timoratos o traidores, el régimen ha tenido a
bien dar concesiones como jugosos aumentos salariales y el acceso a millones de
lempiras de los Fondos departamentales para que los diputados llenen sus bolsillos
y de paso hagan campaña electoral con nuestro dinero. Además, JOH dio una tibia
reforma a la Ley Electoral que beneficia centralmente a Libre, pues le da
puestos en el nuevo TSE y en el Registro Nacional, pero no otorga nada de las
demandas originales del ‘Pacto de Toncontín’, por ejemplo. Además, se metió a
los bolsillos a las burocracias sindicales y magisteriales con unos pírricos
aumentos salariales bajo la promesa que estos no movilizarían a sus bases a las
calles.
Ahora, para
aquellos que sí se rebelan contra JOH no hay nada de concesiones, sino,
represión, cárcel, destierro o muerte. Ejemplo de esto es la valerosa lucha del
pueblo de Choluteca que se ha mantenido en lucha sin parar desde la
insurrección de Diciembre de 2017, y han salido a las calles todas las semanas
contra el ilegítimo régimen y han recibido una dura represión.
Además, el
ataque a los periodistas y medios de comunicación opositores llega a niveles de
barbarie, como en el caso del comunicador opositor Gabriel Hernández, que se
convirtió en el primer periodista asesinado en el presente año. Sobre él
pesaban diversas amenazas a muerte por su labor de denuncia. Así mismo, el
periodista David Romero fue judicializado y llevado preso por el régimen en un
claro caso de persecución política para detener su ejercicio de denuncia contra
los tremendos casos de corrupción del gobierno. Desde PST aborrecemos todos los
señalamientos misóginos de David Romero contra la ex fiscal Sonia Gálvez, sin
embargo, es importante señalar que la persecución a medios de comunicación pone
en precario el derecho a la libre expresión del conjunto de los sectores que se
movilizan contra la dictadura.
En la UNAH, se
reabrió el proceso judicial contra 19 dirigentes estudiantiles que corren el
riesgo de cárcel; junto a estos, 4 defensores de Derechos Humanos que les
auxiliaron ante la represión. Los luchadores contra el extractivismo tampoco la
ven fácil, como en el caso del Campamento Guapinol que sufrió el acoso del ejército, siendo luego judicializados sus dirigentes,
por el régimen y liberados ante la presión nacional e internacional. En la
embajada de Taiwán se refugiaron un total de nueve activistas indígenas
perseguidos por su lucha en la defensa de sus tierras ancestrales de los cuales
tienen títulos de propiedad que datan del año 1,739. Así mismo, Miriam Miranda
de OFRANEH es acosada por los órganos de justicia, por su labor de protección
de los derechos de los pueblos garífunas. Peor suerte corrieron los dos
activistas de la etnia Tolupán y miembros del MADJ quienes fueron asesinados
cobardemente por oponerse a la destrucción de sus bosques.
Si esta lista de
represión asusta, asusta más el hecho de saber que está incompleta pues no
ajustaría un editorial para mencionarlos todos. Lo claro es que, la represión
estatal aumentará dramáticamente si se mantiene la dispersión en las luchas.
Por esto, las organizaciones de la clase trabajadora y de los movimientos
sociales y populares deben de hacerse un nudo en la defensa de los derechos
políticos y democráticos; llamando a la conformación de una Coordinadora de
Resistencia contra la Dictadura que se movilice en las calles por la caída
innegociable de JOH, la liberación inmediata de los presos políticos, fin a los
procesos de criminalización de periodistas y activistas sociales, cárcel para
todos los mandos de la policía y ejército responsables de violadores de los
derechos humanos.