El extractivismo de los recursos naturales es uno de los
principales ejes de la economía del país o, ¿Gobierno? -corrijan- las
principales zonas son las comunidades de los pueblos indígenas y negros quienes
tienen que lidiar con toda la ferocidad de las empresas que buscan aumentar sus
ganancias a costas de la destrucción del medio ambiente, y por si fuera poco,
también tienen que enfrentarse al gobierno que impulsa la construcción de Ciudades
Modelo o ZEDE, las cuales expulsarían de sus territorios a los pobladores que
tienen toda una vida en estas zonas. Amapala y el Valle del Aguán, están en la
mira de estos proyectos. Lo mismo pasa en la comunidad de Barra Vieja, en Tela,
donde la OFRANEH ha librado una lucha incansable para no ser despojados de sus
tierras y que estas sean cedidas para la construcción de un mega proyecto
turístico que sólo beneficiará a los mismos de siempre.
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| Resistencia y desalojo en Guapinol. |
Una enorme avalancha de concesiones mineras amenazan los recursos hídricos y el suelo de Honduras, cerca de 950 concesiones a lo largo y ancho del país ponen en peligro los ríos y la tierra. Sólo En Tocoa, Colón hay 59 concesiones, de las cuales 34 se concentran en la parte alta del departamento*, la empresa «Los Pinares» tiene permiso de extraer piedras de óxido de zinc y, el cual es uno de los peores contaminantes para el río Guapinol que es la principal fuente de agua de más de 10 comunidades.
Luego del golpe de Estado en 2009 y el relanzamiento del
Neoliberalismo en Honduras se desató un vendaval de concesiones de licencias
para la explotación de los recursos naturales. Durante el gobierno de Lobo Sosa
en el año 2013 fue entregada la concesión minera a la empresa «Minera Los
Pinares» propiedad de Lenir Pérez, yerno del fallecido terrateniente Miguel
Facussé. Por medio de negocios en el Congreso Nacional, siendo este presidido
por JOH, se le otorgó 217.34 hectáreas del Parque Nacional Botaderos Carlos
Escalera Mejía, siendo esta un área protegida mediante decreto 127-2012.
Los congresistas haciendo uso de sus facultades reformaron
el mismo decreto y redujeron la zona protegida, para otorgarle la concesión a
la empresa del señor Pérez y Ana Facussé. La minera no sólo recibe el respaldo
del Congreso, en Tocoa son tutelados por el mismo alcalde, Adán Funes, miembro
de Libertad y Refundación y quien tiene el beneplácito de Mel. En Libre, se
escudan diciendo que eso no es asunto del Alcalde, que es asunto del Congreso.
Y todos coinciden en dar un enorme respaldo al señor Funes, alegando que sólo
un tribunal de honor -inexistente- en LIBRE puede juzgar a su compañero.
Olvidando que quien lo puso ahí fue la población a la que ahora él le da la
espalda.
La comunidad de Guapinol sufre ahora los embates de las
mineras y los aparatos represores del Estado, un aumento de la militarización
en la zona vuelve a poner tenso el ambiente en una zona que desde 2008 a la
fecha ha dejado más de 128 muertos, entre campesinos, guardias de seguridad
privada y elementos policiales. Y es que el gobierno y los empresarios quieren hacerse
del río de cualquier forma posible, así tengan que seguir masacrando o
encarcelando a los defensores de este.
Desde agosto del 2018 los ánimos volvieron a calentarse,
cuando la empresa comenzó los trabajos para abrir camino y así iniciar la
explotación de la tierra, pero la comunidad de Guapinol instaló un campamento
demostrando que están dispuestos a defender el río con todo lo que tengan a su
alcance, el campamento ahora mismo cumple 6 meses a pesar del constante acoso
por parte de militares y trabajadores de la minera. El 7 de septiembre del 2018
resultó herido por arma de fuego un joven que se encontraba en el campamento,
pero la tensión subiría 28 de octubre cuando elementos de la Policía
Nacional y el Ejército intentaban realizar un desalojo violento, produciéndose
un enfrentamiento entre pobladores y efectivos, resultaron muertos dos
militares y uno más resultó herido.
Los defensores del río sufren también la persecución del
Estado, el 24 de febrero del año en curso, 12 de los compañeros se presentaron
a los juzgados de La Ceiba a comparecer de manera voluntaria, pero el juez
Carlos Irías de León sin dar detalles dictó prisión preventiva y solicitó que
fueran trasladados a Tegucigalpa donde se realizaría la audiencia, además de
advertir que había requerimientos fiscal contra otras 32 personas. A los
compañeros se les acusaba de: incendio, usurpación, robo agravado, privación
injusta de la libertad y asociación ilícita. Como no es de extrañarse el proceso
estaba amañado, los abogados de la defensa denunciaron que el juez solicitaba
permiso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para
resolver recursos planteados en el juicio, todo en favor de la empresa minera.
Sin olvidar que estaban siendo juzgados por los Tribunales
de Jurisdicción Nacional, que fueron creados para juzgar casos del crimen
organizado (extorsión, narcotráfico y terrorismo).
La represión de la dictadura sólo se frena de la forma en la
que lo hacen los pueblos defensores de los territorios y sus recursos, Guapinol
nos da una hermosa cátedra de cómo hacerlo. Pero urge la organización de los
campesinos, trabajadores y movimiento social para echar para atrás toda la
política extractivista de JOH, echar fuera a las empresas mineras, que plantee
una reforma agraria para la repartición de la tierra a los campesinos, por la reivindicación
de los derechos democráticos, por un alto a la criminalización y la libertad
definitiva de los presos políticos. Urge un espacio como la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular, de clase, combativa y democrática.
«El Capitalismo es contrario a la vida»
Berta Cáceres
¡A Guapinol no se le roban sus tierras!