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| Mural en la Plaza Eduardo Becerra Lanza de la UNAH. |
Por la Secretaría de la mujer.
Este 25 de noviembre se conmemora el
día internacional de la no violencia contra la mujer. En Honduras esta fecha
es pasada por alto y este año con más razón debido a que estamos en vísperas de
elecciones generales y la mayoría de organizaciones políticas están sumidas en
este menester donde se perpetúa la continuidad de JOH y sus políticas
Neoliberales. Por eso vemos necesario hacer un balance sobre las políticas
hacia la mujer de este gobierno donde Juan Orlando con la colaboración de los
mal llamados diputados de oposición poco o nada han hecho en cuanto a la
política hacia las mujeres, aplicando medidas de precarización para la mujer
trabajadora, defensoras, Indígenas y negras, violentando sus derechos sexuales
y reproductivos, criminalizándolas y asesinándolas con sus políticas de
terror.
La política de la
militarización: un total fracaso.
La política de la Seguridad Nacional
es uno de los ejes centrales del actual gobierno de la República. Se han
creado nuevas cárceles de máxima seguridad, nuevos batallones de infantería,
los militares “al servicio del pueblo”, etc. Claro está que esto no garantiza
la seguridad de las mujeres hondureñas. Una mujer es asesinada en Honduras
cada 14 horas, este 2017 ha aumentado el número de feminicidios, y todas estas
muertes las pone la clase trabajadora del país, posicionándonos en el primer
lugar de Centroamérica con una impunidad del 85%-90% de los casos, a eso
sumándole la cifra de violaciones sexuales y la violencia doméstica. Las organizaciones
feministas y el Movimiento Social salen cada 25 de Noviembre a exigir un cese
a la violencia contra la mujer, ya que las cifras se vuelven alarmantes año con
año.
Política conservadora: la penalización del aborto.
El gobierno de JOH
junto con la llamada oposición y la iglesia, también ejerce políticas que
violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como lo fue
este mayo del 2017, donde organizaciones feministas exigieron la reforma al
código penal defendiendo la legalización del aborto bajo las 3 causales: por
violación, cuando está en grave riesgo la salud y la vida de la mujer y cuando
existen graves malformaciones fetales incompatibles con la vida. El Congreso
nacional negó la petición y emitió el dictamen que era un delito grave que
conlleva de 3 a 10 años de cárcel, siendo Honduras uno de los 4 países que
penalizan el aborto bajo cualquier causal en la región y que también penaliza
las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) y sigue sin tener un plan de
educación sexual laico y científico. Esta política conservadora solo afecta a
las más desposeídas, pues las mujeres burguesas si tienen acceso a los métodos
anticonceptivos, pueden viajar y practicarse un aborto de calidad sin riesgos.
El gobierno de JOH asesina y criminaliza a las defensoras de derechos humanos:
En noviembre se cumplen 20 meses de
impunidad por el asesinato de Berta Cáceres, quien fue asesinada cobardemente
el 3 de marzo del 2016, tras una lucha constante por la defensa de los derechos
indígenas y la defensa de sus recursos naturales y territorios ancestrales. El
gobierno de JOH no solo ignoró todas las peticiones que hizo Berta desde 2009
pidiendo protección, sino que encubrieron pistas que resolvieran su “misterioso”
asesinato que expresa la voluntad del Estado para proteger a sus autores intelectuales.
El caso de la guardiana de los ríos nos da una idea de la situación de las
defensoras de DDHH; en tan solo en 3 meses del 2017, IM-Defensoras había girado
alrededor de 14 Alertas Urgentes por agresiones sufridas a mujeres defensoras,
sus organizaciones y comunidades. En la mayoría usando fuerza del estado, ya
sea policial o judicial. Actualmente también modificaron artículos del código
penal donde criminaliza la protesta social elevándola al grado de terrorismo y
preparando el terreno de la represión contra quienes se rebelen contra el
fraude que tiene preparado para las elecciones.
La política contra la mujer es un problema de clase:
Las políticas del Estado recaen en la
mujer obrera, indígena, negra, y miembro de la comunidad LGBTI. La mujer
obrera, la que sostiene el 60% de los hogares del país es esa misma que no solo
posee una desigualdad salarial, sino que también es explotada como ama de casa
y es la que tiene que salir a buscar los peores trabajos, y debido a la necesidad
a la que es sometida, se ve obligada a aceptar estos trabajos de condiciones
precarias, algunas llegan al punto de vender su cuerpo para poder sobrevivir
en este descompuesto sistema capitalista. Son las mujeres indígenas y negras
que sufren la opresión y las que luchan por la defensa de sus territorios,
ofreciendo su vida si es necesario. Son las mujeres proletarias las más
expuestas a la inseguridad que se vive diariamente en el país.
Llamamos a no confiar en las instituciones
y partidos políticos burgueses ni en sus políticas por la “emancipación” de la
mujer. Los derechos de las mujeres solo se darán realmente cuando caiga el capitalismo
y la clase trabajadora tome el poder, así como ocurrió hace 100 años con la
Revolución rusa, revolución socialista triunfante. Estas elecciones demostremos
nuestro descontento votando nulo, porque no somos agenda política de ningún
partido burgués en contienda, salgamos a manifestarnos en contra de este régimen
fraudulento, opresor y dictatorial y a construir un partido de la clase trabajadora
que defienda los derechos de las mujeres.