Por Alejandra Paz.
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| ¡Ni una menos! |
Agosto 2017
Honduras ocupa el primer lugar
en feminicidios en el área centroamericana. Hasta hace poco ese lugar era
ostentado por Guatemala. El cambio se dio no porque haya bajado la cifra en
Guatemala, sino porque ha subido en Honduras. Según cifras proporcionadas por
las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, en el período
que va de 2005 a 2013 la muerte violenta de mujeres se incrementó en un 263.4%,
lo que indica que cada 13.8 horas una mujer es asesinada en Honduras. En los
últimos días esta ola de violencia ha ido al alza. Según el Observatorio de la
Violencia de la UNAH de enero a marzo del presente año, 99 mujeres fueron
asesinadas, 73 de ellas entre 15 y 39 años de edad. En la última semana de
junio, la violencia segó la vida de 18 mujeres. A todas ellas no las mató un
agresor, fueron víctimas de un Estado indolente.
No fue sino hasta 2013 que
la legislación hondureña reconoció el delito de feminicidio (el asesinato de
mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia, y
cuya característica es el ensañamiento). Sin embargo, hasta ahora ninguna persona
ha sido acusada de este delito y lo único que impera es la impunidad. En el
actual sistema de justicia, jueces y fiscales rehúyen hablar de feminicidio e
insisten en calificar la muerte violenta de mujeres como simples crímenes
pasionales donde son ellas, nunca el agresor, las responsables de sus trágicos
destinos.
Existe una política de
violencia contra las mujeres promovida desde el mismo Estado. Recordemos por
ejemplo el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, un crimen que aún se
encuentra en la impunidad y cuyos responsables están ligados a las altas
esferas del gobierno, las fuerzas armadas y poderosos empresarios. Presumimos
que son estos mismos grupos quienes han llevado a cabo fallidos atentados
contra de la vida de las hijas de Cáceres. El asesinato de la joven
centralista Soad Nicolle Ham Bustillo quien fuera vilmente asesinada el 26 de
marzo de 2015, días después de ofrecer declaraciones públicas donde reclamaba
mejores condiciones en el sistema educativo, es otro crimen que involucra al
gobierno.
Por razones de espacio no
podemos aquí reseñar la larga lista de feminicidios en los que se advierte la
mano criminal del gobierno. Basta únicamente decir que todos estos crímenes se
encuentran al amparo de un sistema de justicia que solapa los actos de
violencia contra las mujeres. Conviene entonces reclamar por la vía de la
movilización popular el cese de la violencia hacia las mujeres. Asimismo,
exigimos juicio y castigo a los responsables de este baño de sangre que día a
día deja más hogares desamparados.