No permitamos ningún abuso, vamos
todos a las calles
Los años 80s y 90s marcaron el
período de las privatizaciones en Honduras, como parte de las medidas
neoliberales impulsadas por el imperialismo norteamericano por medio de los organismos
financieros internacionales. El resurgir de la lucha popular a partir de 2001,
hizo retroceder el vértigo neoliberal en sectores como el agua, educación,
salud y otros. Las luchas evitaron por ejemplo: que el servicio de agua
estuviera en manos de las alcaldías para 2008; las luchas estudiantiles y del
magisterio se destacaron; los sindicatos del sector salud dificultaron la penetración
del capital privado, los indígenas y campesinos fortalecieron la recuperación
de tierra y la defensa de los recursos, y como resultado los gobiernos de turno
no lograron impulsar plenamente los mandatos de los organismos financieros
internacionales.
La oligarquía dio un golpe de
timón a partir del golpe de Estado, el imperialismo aprovechó muy bien esa
coyuntura para impulsar su proyecto recolonizador, redoblando la extracción y
la privatización de los bienes del pueblo, con nuevas medidas por la crisis del
capitalismo mundial a partir de 2008. Los mecanismos de privatización se
diversificaron, la venta total de las empresas fue sustituida por las
concesiones y la incorporación de la burocracia sindical. El caso de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica ENEE es muy revelador, el gobierno utilizó a un
sector de la burocracia sindical encabezado por Miguel Aguilar –quien hace unos
años era el referente de la Plataforma de Sindicatos Públicos-, para que
participaran directamente de la compra de acciones, con el auspicio de una
empresa colombiana con experiencia en el negocio, y así, volverlos juez y parte.
La maniobra funcionó, el sindicato entró en crisis y no hay capacidad de
respuesta.
Solo así podían sacar del camino a
un aguerrido sindicato, bastión indiscutible de la lucha contra las
privatizaciones en los peores años. Recientemente falleció la compañera Gladys
Lanza, una de las mejores representantes de esa página de nuestra historia. Su
lucha contra la privatización de la ENEE y la defensa de los derechos de los
trabajadores en el gobierno de Rafael Callejas frenó el proceso, sin embargo,
el sindicato pagó un precio muy alto, lo cual es decisivo para entender el desenlace
que hoy estamos viendo. Más de dos décadas han pasado desde esa heroica lucha y
como era de esperar las cosas no se mantendrían estáticas, pues, la lucha de
clases no admite vacíos y la ofensiva de los gobiernos y del Fondo Monetario
Internacional FMI se mantuvo.
La privatización se había
desarrollado mucho en el área de generación, primero con las plantas térmicas
cuya capacidad instalada superaba el 60 por ciento de la oferta, en años
recientes se concesionaron más de 50 proyectos de generación hidroeléctrica.
También, la producción de energía eólica y solar se ha venido desarrollando,
cambiando la matriz energética, pero manteniendo a los capitalistas
beneficiados, liderados por la familia Nasser. También se privatizó la medición
y el cobro, por medio de la empresa SEMEH, pero lo que estamos viendo ahora es
la liquidación; por desgracia, la ENEE es solo un nombre muy útil para que la
gente no comprenda la profundidad de la entrega, luego rematarán a precio de
chatarra lo que queda de las instalaciones. El gobierno de JOH está ejecutando
la estocada final por medio de Co-alianza, bajo las órdenes y el estricto
asesoramiento del FMI. Por eso, desde antes de firmar el acuerdo Stand By en
diciembre de 2014, el gobierno inició una ola de despidos, reducción de la inversión
con la excusa de reducir pérdidas, se volvieron más agresivos con los cortes al
sector residencial, sin tocar a los empresarios con deudas millonarias. Como ya
es costumbre, se levantó toda la campaña de desprestigio contra la ENEE, única
y exclusivamente para construir la excusa para concesionar todo.
A mediados de 2016, se firmó el
contrato con la Empresa Eléctrica de Honduras (EEH) supuestamente para reducir
el 33 por ciento de la energía que se pierde en la distribución, aunque sabemos
que todas las antiguas funciones de la ENEE están en concesión, desde la
generación hasta el cobro. Todo lo que viene es un empeoramiento del servicio y
un aumento colosal del costo. De hecho, ya se incrementaron los apagones y ni hablar
de los pagos, las mismas autoridades de la Comisión Reguladora de Energía
Eléctrica (CREE) que es la responsable de establecer el precio de la energía,
han expresado que “los abonados van a preferir el sistema prepago”, pues
aseguran que, permitirá mayor control entre el gasto y los cobros, es decir,
según ellos pueden manipular los procedimientos -como ya lo hacen-, hasta que
la gente lo acepte, muchas personas han tenido que soportar montos ficticios
que, superan el valor de sus ingresos, con intereses comparables con los
intereses de sistema bancario.
Para muchos hondureños, entre más
se habla de privatización, menos entienden el término, lo que no puede pasar
por alto, es el impacto en su deplorable economía. Así sucedió, en el caso del Seguro
Social, a pesar de la excelente labor periodística de David Romero, el
estallido en las calles se dio, hasta que la gente salía solo con las recetas y
cuando trascendió la muerte de miles de pacientes, por falta de atención,
medicamentos y equipo.
En el caso de la energía eléctrica
hay variables que abonarían una explosión social de mayor magnitud que las
movilizaciones de las antorchas, para empezar, muy a pesar de la falta de cobertura,
la cantidad de afectados directos somos más de 8 millones, en 1.6 millones de
hogares. Consideremos que se trata de un servicio que no debe interrumpirse,
pues no hay como sustituirlo. Así, cada apagón recarga la batería de la
indignación; y por otra parte, al ser todavía un monopolio formal, tenemos la
posibilidad de golpear juntos en el mismo lugar.

A pesar que este tema se usará
para el proselitismo de todos los colores, la ciudadanía no aceptará qué ningún
político le diga que, si gana resolverá cada problema. Por el contrario, así
como Berta Cáceres nos ha enseñado a defender con su vida los ríos y demás
recursos; así como el pueblo progreseño da lecciones vivientes de cómo impedir
el cobro del peaje; así como los estudiantes universitario han puesto en
cintura a los privatizadores de la educación superior, -sin la ayuda de ningún
politiquero-; así como los ambientalistas se juegan la vida contra las
concesiones mineras,etc.
Desde el Partido Socialista de los
Trabajadores PST consideramos que el carácter público de la electricidad y los
intereses de los usuarios solo se pueden defender con acciones en las calles, y
con un plan de acciones progresivo, por medio de un espacio de organización de
la lucha a nivel nacional, esto es posible porque muchas ciudades en varios
departamentos se están movilizando, como es caso de La Ceiba, Ocotepeque,
Yuscarán, Tegucigalpa, entre otros. Es el momento de organizar la más amplia
unidad de acción, desde una Coordinadora de lucha contra la privatización de la
ENEE. Que defina un plan escalonado, con métodos obreros, realizando desde mítines
y plantones en las instalaciones de la ENEE, Casa Presidencial y el Congreso
Nacional, en la perspectiva de acciones cada vez más contundentes hasta
concientizar y paralizar la gran empresa. Poniendo en práctica, la más amplia
democracia interna para garantizar la mayor participación y estructurar un movimiento
a nivel nacional.
¡Paremos la privatización
de la electricidad! ¡Abajo el acuerdo Stand BY!
¡No a la reelección!
¡Por una asamblea nacional
que defina una coordinadora de lucha y un plan de acción, con métodos obreros!