Un importante debate se ha abierto sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia que caduca en su mandato el próximo 25 de enero. Las posturas que entran en debate se polarizan en dos temas: Sobre la continuidad o no de la actual CSJ, y sobre si la una nueva CSJ tendrá independencia respecto al gobierno de JOH para impedir su continuidad en el Poder, o si por el contrario, consolidara el control de JOH sobre el Estado para los próximos 7 años.
“Vieja” o “Nueva” Corte es un falso dilema por las
siguientes razones: 1) La Junta Nominadora fue integrada por instituciones
gubernamentales o controladas por el Partido en el gobierno; 2) todos y todas
las candidatas(os) a magistrados seleccionados por la Junta Nominadora, fueron
propuestos por instituciones de Estado y sectores no gubernamentales
pro-gobiernas y por tanto cuentan con el visto bueno de JOH, sin mencionar que
los viejos integrantes de la actual Corte (algunos de los cuales se han
postulado para la “nueva”) son sus incondicionales y contaría con ellas y ellos
de prolongarse el mandato de la actual CSJ; 3) el proceso de selección tuvo
anomalías como la exclusión de los abogados que no fueran Notarios, la no
difusión de los criterios y de los resultados que llevaron a hacer la selección
de la lista corta de los 45 nominados(as), un proceso de “audiencias públicas”
que no indago sobre la idoneidad profesional ni sobre los antecedentes éticos
de los y las participantes, y lo peor, la no-exclusión de candidatos(as)
públicamente cuestionados por sus prácticas golpistas, corruptas, o por haber
violado las leyes y ser instrumentalizados por el crimen organizado.
Como
puede verse, el proceso está viciado desde el principio y quienes se sometieron
al mismo es porque están dispuestos(as) a seguir los lineamientos del
gobernante. Por esta razón, de los 45 nominados no podría sacarse una CSJ
“independiente” del gobierno actual o de las elites de Poder que lo sostienen.
Hay
quienes creen que si el voto fuera “publico” y no “secreto”, o que si las y los
nominados se sometieran a “audiencias públicas”, JOH tendría menos
posibilidades de lograr imponer a las magistradas y magistrados que pretende.
Pero ese buen deseo no tiene asidero en la realidad. Debe tenerse en cuenta que
el control de la Junta Directiva del Congreso Nacional es detentado por los
mandaderos de JOH (gracias a la Alianza de liberales y cachurecos) y estos no
permitirán ningún mecanismo que ponga en riesgo sus pretensiones.
La
correlación de fuerzas en el Congreso y la misma Constitución juega también a
favor del gobierno. La “oposición” no reúne los votos necesarios para elegir
una CSJ independiente del actual gobernante, y, por otro lado, no tiene un
control real sobre sus propios diputados(as). El mismo partido de gobierno se
jacta de que son pocos los diputados y diputadas de “oposición” que faltan de
ser “comprados” por la danza de millones que utiliza JOH para asegurar una
mayoría calificada. Pero aunque no lograra
la cantidad necesaria de votos, JOH ya ha demostrado que tiene el suficiente
nivel de arbitrariedad para imponer desde la Junta Directiva del Congreso, un
resultado a su favor, aun cuando quede en minoría técnica (tal como hizo con la aprobación de las
reformas al RAP). Y por si ese mecanismo le fallara, en la Constitución de la
República faculta a la actual CSJ a continuar en funciones por mientras el
Congreso elige una nueva Corte, sin límite en el tiempo. Es decir, que en
cualquier escenario, el oficialismo tiene las ventajas a su favor.
Aun
en el poco probable caso de que la “oposición” lograra impedir a JOH dominar
ese organismo del Estado, eso no significaría que el pueblo explotado y
oprimido contaría con una Corte Suprema de Justicia preocupada por resolver los
problemas de justicia que realmente preocupan a la población, en especial a la
clase trabajadora. Si así fuera el PAC, LIBRE, el PINU-SD, y los diputados-as
villedistas, hace tiempo que exigirían a la actual CSJ la solución de los conflictos
laborales a favor de la clase trabajadora, la restitución de los derechos del
magisterio, del campesinado y de los estudiantes, cercenados por este gobierno
con los votos de esos mismos partidos. Si estuvieran interesados hace tiempo
habrían exigido el castigo a los violadores de derechos humanos, la derogación
de las Ciudades Modelo, los paquetazos
económicos, las sentencias desfavorables a las poblaciones garífunas, lencas, o
a los movimientos ambientalistas, que cuestionan las concesiones de nuestros
recursos naturales.
A
los partidos de “oposición” no les interesan las preocupaciones del Pueblo. En
lugar de eso, hemos visto a esos partidos apoyar al gobierno en muchos de esos temas,
o hacerse de la vista gorda sobre los mismos. A ellos solo les interesa que la
nueva Corte Suprema de Justicia no esté bajo control de JOH, y que se hagan
reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Por su parte, la
preocupación del gobierno es mantener el control político de la CSJ para
continuar en total impunidad con su escandalosa corrupción y para asegurar su
reelección. Es decir que de ambas partes, todo se reduce a la aspiración de
participar de la repartición del pastel. Esto es así porque todos esos partidos
son pro-capitalistas y solo entienden por bienestar, el bienestar de sus
inversiones. Los problemas del pueblo les valen un comino.
Adicional
a lo anterior, la llamada “oposición” en el Congreso Nacional, no solo es
numéricamente débil sino que es políticamente incoherente frente al gobierno de
JOH. Basta recordar que la mayoría de diputados-as del Partido Liberal un sector del Partido LIBRE y hasta el mismo
PAC, han apoyado en muchas ocasiones las iniciativas de JOH, como ocurrió con
la aprobación de la Ley Marco de Protección Social (que le dio el tiro de
gracia al IHSS), o con la aprobación de los paquetazos económicos. El mismo
líder de LIBRE, Manuel Zelaya Rosales, se reúne constantemente con JOH a
espaldas de sus bases y de la misma dirigencia de LIBRE, para negociar favores
políticos.
Por
consiguiente, la clase trabajadora y en general, el pueblo explotado y oprimido
de Honduras, no tiene nada que ganar con apoyar ni al gobierno ni a la
“oposición” en este conflicto.
Impedir
la continuidad de JOH en el poder, mediante su reelección, así como la solución
de los problemas que aquejan a los pobres y oprimidos, no es algo que se
decidirá en el Congreso Nacional con
votos de los partidos de la burguesía. Se decidirá EN LA CALLE, mediante la
lucha popular, organizando una Jornada Nacional de Lucha para impedir la
reelección de JOH y para defender los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, tales como los derechos del magisterio, del campesinado, de
la clase obrera, de la juventud, de los pueblos originarios y ambientalistas.
IMPEDIR
QUE LA NUEVA CORTE SUPREMA SEA TITERE DE JOH, SOLO SE LOGRARA EN LA LUCHA
POPULAR, NO EN EL CONGRESO.
POR
UNA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INDEPENDIENTE, SUMEMONOS ESTE 25 DE ENERO A LA
JORNADA DE LUCHA EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL.
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de enero
2016