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| El magisterio, si es que quiere recuperar sus conquistas perdidas, debe avanzar hacia la conformación de un sindicato único de maestros. |
Por Carlos A. Lanza.
Con este título fue
convocado el encuentro del “Taller Pedagógico Paulo Freire” realizado el 22 de
febrero de 2014 en la sede del PST. La tesis central que desarrollé como
producto de las reflexiones dentro del taller, fue la siguiente: “El Estado docente” que nació con la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, del año 1962, ha llegado a su fin, la
causa es el decreto que introdujo nuevas reformas a la Ley de INPREMA que está vigente
desde diciembre de 2012; el fin del “Estado docente” implica el fin del actual
modelo sindical. El argumento de esta tesis será la base para el desarrollo de
este artículo.
Utilizamos la
categoría “Estado docente” para determinar una característica especial que
tuvieron las organizaciones magisteriales en el momento en que surgieron como
colegios, nos referimos al hecho de que las organizaciones magisteriales
nacieron en el marco de una legislación que de entrada las hizo formar parte
del Estado, nacieron como producto derivado de la legislación laboral del
Código del Trabajo de 1958 pero, a diferencia de los sindicatos, estas nacieron
directamente tuteladas por el Estado; es por ello, que desde los años sesentas
y específicamente con el Estatuto del Docente de 1997, se constituyó una
especie de cogobierno dentro del sistema educativo hondureño, a eso es lo que
llamamos “Estado docente”, es decir, un modelo dentro del cual hemos tenido
gobierno bipartito en el INPREMA, en las juntas de selección, en las junta
Nacional de Evaluación y Dirección Docente; en la misma Secretaría de Educación
hemos tenido docentes en funciones técnicas que sostienen la administración y
diseñan las reformas educativas del Estado; muchos docentes han sido ministros
de educación; en el mismo INPREMA han desfilado docentes que han sido
directores; también son docentes los directores departamentales, municipales y
distritales de educación, etc. Es evidente el alto grado de participación del
magisterio dentro del sistema educativo, podríamos afirmar incluso, que en
cierto momento, el magisterio tuvo control del sistema, todo ello justificado
históricamente pos dos estamentos jurídicos con rango constitucional: la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria y el Estatuto del Docente. Todo parece
indicar que el modelo sindical sostenido en el marco del “Estado Docente” llegó
a su fin.
Con el golpe de
Estado de junio de 2009, la oligarquía hondureña pudo por primera vez, relanzar
una estrategia neoliberal que modificó radicalmente la estructura legal del
sistema educativo, atacando simultáneamente las conquistas de los docentes y
las organizaciones magisteriales. Desde los años sesentas para acá ha habido
múltiples reformas educativas pero ninguna había atacado las conquistas magisteriales
como la contemplada en la Ley fundamental de Educación.
El hecho de que las
organizaciones magisteriales nacieran tuteladas por el Estado, las hizo
vulnerables a los giros políticos de los diferentes gobiernos; por esta razón,
en gran parte de su historia político-gremial, estas organizaciones fueron apéndices
del Partido Nacional o del Partido Liberal; los colegios magisteriales logran
cierta independencia política a inicios de la época de los ochenta, pero con
menos influencia que antes, algunos dirigentes todavía llevan al seno del
magisterio las posiciones políticas de estos partidos.
Es en el gobierno de
Ricardo maduro, siendo Ministro de Educación Carlos Ávila Molina, que se
expresa con claridad el chantaje, el paso de factura por formar parte del
“Estado docente”; Molina llegó al extremo de cortar, por primera vez en la
historia, la deducción de la cuota sindical de los maestros para debilitar
financieramente a las organizaciones magisteriales. Desde ese momento señalé la
necesidad de que el magisterio se independizara del Escalafón, por lo menos en
lo relacionado con las deducciones, porque ese sería uno de los mecanismos que
utilizarían los distintos gobiernos para debilitar y someter nuestras
organizaciones. Desafortunadamente, la burocracia magisterial entendió que la
deducción realizada desde los mecanismos del Estado, era la forma más expedita
para garantizar sus privilegios de gastos de representación y viáticos, por eso nadie se preocupó por
darle un nuevo rumbo administrativo a las históricas relaciones entre el
magisterio y el Estado.
La confiscación
directa de los bienes del magisterio mediante este decreto que reforma la ley
del INPREMA, no es más que la culminación de una política iniciada desde el año
2004 con Ávila Molina y llevada al extremo por Escoto Valerio. Tuvimos casi una
década para cambiar este esquema de relaciones basado en el chantaje estatal y
no se hizo nada.
El fin del “Estado
docente” significa también el fin de un modelo sindical magisterial, este
modelo se ajustó al que surgió de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria
pero con las reformas actuales, dicha ley de colegiación empezó a derrumbar los
cimientos que sostenían el viejo modelo sindical y aunque la Ley de Colegiación
Profesional obligatoria aún existe, lo cierto es que la perspectiva es hacia su
derogación total; la táctica del gobierno es derogarla mediante reformas y no
de un solo plumazo porque en el Congreso Nacional el PL y el PN no tienen la
mayoría calificada (86 diputados) que necesitarían para hacerlo. Una posible
reforma seria la siguiente: la no obligación de pertenecer a un colegio
magisterial para formar parte del sistema y optar a una plaza. Cuando eso se
concrete, las organizaciones magisteriales desaparecerán irreversiblemente y
hacía allí vamos.