El gobierno de JOH acaba de
aprobar el ACUERDO No. 2196-A-2013
de la Secretaria de Estado en los despachos del Interior y Población, mediante
el cual se cancela la personalidad jurídica de 5,429 asociaciones civiles, bajo amenaza de traspasar sus bienes al
Estado, supuestamente por incumplir disposiciones de la URSAC sobre la
presentación de informes financieros y de actividades. Para comprender esta
medida, debemos partir de una visión más global del asunto y de algunos
antecedentes.
Como medida preventiva ante las
grandes movilizaciones populares del año 2003 el gobierno de Ricardo Maduro aprobó
el Acuerdo 770-A-2003, que reglamenta la Unidad de Registro y Seguimiento de
Asociaciones Civiles (URSAC) a fin de investigar el origen y destino de los
fondos de las asociaciones civiles, que sospechaba financiaban dichas
movilizaciones. Como las asociaciones civiles protestaron tal nivel de
injerencia, ese reglamento no fue aplicado estrictamente. Sin embargo, en el
periodo del Golpe de Estado y durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, muchas
organizaciones no gubernamentales de sociedad civil de nuevo participaron,
organizaron y algunas financiaron movilizaciones en apoyo a sectores sociales
que demandaban sus derechos. Desde entonces, el gobierno ha intentado someter
bajo su control a dichas organizaciones, interviniendo el origen y destino de
sus fondos para intentar frenar las luchas. En esa perspectiva aprobó en 2011 la
“Ley Especial para el Fomento de las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo” (Decreto 32-2011) y su Reglamento, en un segundo intento
injerencista, que nuevamente fue moderado por presión de dichas organizaciones.
Hoy día, cuando el gobierno
entrante de JOH tiene planes más lesivos contra los derechos del Pueblo, ha
lanzado una nueva ofensiva en la misma dirección, especialmente contra organizaciones
civiles defensoras de derechos humanos, feministas o defensoras de la libre
expresión, utilizando como coartada una “depuración” administrativa más amplia
en aplicación del Reglamento de la URSAC. Aunque estas organizaciones han
desmentido los argumentos del gobierno sobre el supuesto incumplimiento de la
ley, la Secretaria del Interior y Población les cancelo la personalidad
jurídica. Por lo tanto, es claro que esta medida del gobierno tiene un objetivo
político y no administrativo.
Nuestro partido alerta que
la citada cancelación de la personalidad de las asociaciones civiles, tiene
como objetivos: 1) debilitar el espectro de organizaciones identificadas con la
oposición al régimen de JOH, mediante su desmantelamiento legal y la
confiscación de sus bienes; 2) establecer un régimen de control sobre las
finanzas y proyectos de las organizaciones que queden funcionando, para
identificar y neutralizar aquellas que desempeñen actividades inconvenientes a
sus políticas; c) escarmentar a las organizaciones que sigan funcionando para
que sean sumisas y eviten confrontar al oficialismo; y, d) eliminar
organizaciones que puedan competir con las propias Asociaciones civiles de
funcionarios del régimen, empresarios y militares en la captación de fondos
externos para sus proyectos. En base a esto, el PST denuncia que con la
aplicación del Acuerdo 2196-A-2013
el régimen pretende domesticar a la sociedad civil, violando su derecho de
organización, para evitar que esta denuncie sus abusos y atropellos contra el
pueblo.
Ahora bien, no solo del
derecho de organización de las organizaciones de sociedad civil están en
peligro por esta política. Como es de dominio público, el magisterio sufre la
destrucción de sus organizaciones gremiales y la succión de sus recursos
financieros con las reformas a la Ley del INPREMA; por otro lado, la anunciada
fusión de entidades gubernamentales y los procesos de privatización en curso, podría
implicar, si los trabajadores lo permiten, la desaparición de varios sindicatos
combativos como el SITRAENP, SITRAINHFA, SITRAIHSS, SITRADEI, SITRATEL, SITRAPANI,
SITRASANAA y probablemente el STENEE. Por si esto fuera poco, las
organizaciones campesinas están siendo diezmadas con el asesinato de más de un
centenar de activistas y el encarcelamiento de sus principales dirigentes.
Complementando esta
represión, el gobierno de JOH ha aprobado otras medidas políticas que limitan
el derecho de información o expresión y que fortalecen los mecanismos de
control estatal sobre el pueblo, como las siguientes:
·
La “Ley para la Intervención de las
Telecomunicaciones Privadas” (Decreto 234-2011), mediante la cual se autoriza a
la policía a espiar todas las comunicaciones de las organizaciones sociales,
sin necesidad de orden judicial, violando el derecho a la privacidad;
·
la “Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación” que restringe la información
oficial que pueda ser difundida al público, en violación a la Ley de Acceso a
la Información Pública y del Derecho Humano fundamental de Libertad de
Pensamiento y Expresión, el cual no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores; y
·
el
Decreto Legislativo “Medidas para Eficientar la Administración
Pública”, que otorga poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo en franca
violación de la Carta Magna al delegar atribuciones indelegables
exclusivas del Poder Legislativos, además de blindar a aquel de demandas y
criticas del sector no gubernamental.
Lo inaudito es que las
organizaciones que aglutinan a la Resistencia popular (LIBRE y FNRP) están
silenciadas y de brazos cruzados, permitiendo que el régimen haga lo que quiera
en este campo.
El derecho de organización
es un derecho universalmente reconocido que no puede ser disminuido,
restringido o tergiversado por ningún gobierno (Art 64 constitucional). Además
de carecer de legalidad, las medidas de este gobierno carecen de legitimidad
política porque el régimen de Juan Orlando Hernández es continuación de un régimen
golpista y fue impuesto por un fraude electoral, y en consecuencia no estamos
obligados a aceptarlas.
Por todo lo anterior,
nuestro Partido:
1. Rechaza
la pretensión gubernamental de destruir las organizaciones civiles con la
aprobación del ACUERDO No. 2196-A-2013 así
como la pretensión de destruir las organizaciones magisteriales, sindicales y
campesinas.
2. Hacemos un llamado a la dirigencia del FNRP y de
LIBRE para que movilice a sus fuerzas para defender el derecho a la
organización social.
3.
Proponemos
la realización de un Encuentro Nacional para aprobar un Plan de Acción que
lleve a defender el derecho de organización mediante la preparación de un Paro Cívico Nacional, con la
participación de todos y todas las organizaciones afectadas.
COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST)