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| La lucha para sacar a JOH es una lucha impostergable. |
Por Tomas Andino Mencía
Miembro de la Dirección Nacional del PST
17 de Julio de 2015
En
Honduras vivimos uno de los movimientos sociales más impresionantes desde el
Golpe de Estado en 2009, el cual fue por sí mismo majestuoso. Millones se han
venido manifestando desde el mes de mayo exigiendo en un principio el castigo
de los ladrones de los fondos del IHSS; luego la salida del gobierno y ahora ha
pasado a dominar la exigencia multitudinaria de la instalación de una Comisión
Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH); además
de la exigencia de aplicar la figura del Juicio Político al Fiscal General, al
Adjunto, así como la salida de los usurpadores de la Sala de lo Constitucional.
En
el fondo, el clamor generalizado del Pueblo es ver fuera del gobierno y en la
cárcel a Juan Orlando Hernández (JOH), así como a todos sus secuaces del
Partido Nacional y de la Empresa Privada. Si bien este objetivo goza de
consenso, el debate se centra sobre cuál es el mejor medio para
lograrlo. Desde que el Ingeniero Salvador Nasralla, Presidente del Partido Anti
Corrupción (PAC) lo propuso el 18 de mayo de este año, se ha instalado en la
conciencia colectiva que el instrumento más efectivo para lograrlo es la venida
de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(CICIH), similar al mecanismo que Naciones Unidas probó en Guatemala desde 2006
para ayudar al sistema judicial de ese país a acelerar y eficientar la lucha
contra grupos violentos y el crimen organizado. Luego añadió a su discurso la
exigencia del Juicio Político, una figura existente en la Constitución que
permite someter a juicio a un alto funcionario del Estado.
A
pesar de no haber surgido como demanda de ninguna instancia de participación
popular, sino de un connotado político alineado con el sistema, la exigencia de
la CICIH ha cobrado tanta fuerza en el Pueblo que el grupo de jóvenes que
organizaron la llamada “Oposición Indignada” lo convirtió en la demanda
principal e “innegociable” de las Marchas de las Antorchas frente al régimen de
JOH; y aquel que ose cuestionarla, es tildado inmediatamente de “radical” o al
revés, de “gobiernista”. Pero como no soy afecto a que pongan cadenas a mis
ideas, sobre todo los que se creen dueños de la verdad, no veo la razón para no
discutir sobre lo que algunos pretenden convertir en un tabú, si con ello se
encuentran mejores derroteros para este movimiento.
Mi
punto es: ¿la CICIH y el Juicio Político son el mejor camino para sacar a JOH
del gobierno en el caso de Honduras? ¿Es viable aquí como lo ha sido en
Guatemala? En este ensayo –publicado en dos partes-- me propongo demostrar,
contrario a la opinión dominante, que la CICIH no es el mejor ni el más viable
camino para sacar a JOH y hacer justicia en la Honduras de hoy, sino al
contrario, el mejor camino primero que nada, es sacar del poder a JOH
mediante una insurrección popular que inicie con un Paro Cívico Nacional. En este caso el orden de los
factores si altera el producto.
Similitudes
y diferencias de la situación de Guatemala y Honduras
Cuando
se habla de CICIH es inevitable referirnos al caso de la CICIG de Guatemala,
que sirve de modelo para quienes opinan que todo pasa primero por instalar este
tipo de Comisión en Honduras. En mi exposición iré haciendo comparaciones entre
la realidad de aquel país y el nuestro, que nos permitan llegar a conclusiones más
objetivas.
La
CICIG de Guatemala desde su fundación el 12 de diciembre de 2006 tuvo como
mandato: “Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de
Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los
delitos...” (Artículo 1 del Acuerdo de Constitución de la CICIG). No podía ser de otra manera, porque los
organismos de Naciones Unidas no están diseñados para provocar crisis ni
derribar gobiernos de la burguesía, sino para colaborar con estos. En ese país,
los 130 funcionarios de esa Comisión trabajan junto a los fiscales
guatemaltecos sin sustituirlos en sus funciones, sino trabajando como
“querellantes adhesivos” para llevar sus casos ante jueces guatemaltecos, en
respeto de las instituciones jurisdiccionales de ese país. Son estos últimos
los que dictan sentencias. Gracias a esa colaboración, la CICIG de Guatemala ha
contribuido a enviar a la cárcel a centenares de funcionarios delincuentes, en
su mayoría de nivel intermedio; aunque ha resuelto casos de ex funcionarios de
alto nivel, que ya no están en funciones.
La
primera pregunta por hacerse es ¿funcionaría una CICIH en Honduras con la misma
eficiencia que en Guatemala, si sigue en el poder JOH y toda su pandilla? Aquí
encontramos el primer tropiezo. El mandato de una CICIH no solo lo define la
ONU sino también el gobierno. Lo definen ambos por mutuo acuerdo. Es decir que,
para que pueda instalarse, necesariamente debe tener el visto bueno del
gobierno (en Guatemala fue así). Si no se ponen de acuerdo, no habrá CICIH. Y
como JOH no es suicida, es muy poco probable que esa Comisión tenga el colmillo
necesario para llegar hasta él. Eso
le da a JOH un gran poder de veto sobre aquellas funciones de la CICIH que no
le convengan.
Por
ejemplo, bastaría que JOH condicione la actuación de la CICIH en el marco de
las leyes hondureñas para que en aplicación de la Ley del Ministerio Publico
reformada, y la Ley Procesal Penal, se le niegue acceso a información
clasificada; si la condiciona a que deba depender del liderazgo del Ministerio
Publico para sus investigaciones, éste no le asignará casos que sean
comprometedores para el gobierno, sino, por el contrario, podría envolver a sus
adversarios políticos en casos orientados a inculparlos y desviar la atención
de las picardías del partido de gobierno; y si enfila el trabajo de la CICIH al
asesoramiento o capacitación de los organismos de justicia, nunca podrá
investigar caso alguno. O sea que dejar en manos de JOH y la ONU la definición
de las facultades de la CICIH podría volverse un bumerang contra sus más
entusiastas promotores. Por eso conviene tener mucho cuidado con lo que se
pide.
Por
otro lado, mientras en Guatemala el problema principal a nivel judicial es la
existencia de estructuras paralelas a las estructuras oficiales, en el caso de
Honduras lo que obstaculiza la labor del sistema es que el sistema judicial
y el Ministerio Publico no tienen la más mínima independencia funcional
respecto al Poder Ejecutivo. Es un hecho que el poder que JOH ha alcanzado
en Honduras es totalitario. Esa circunstancia tiene un efecto muy
importante en la eficiencia de una CICIH, porque una comisión de este tipo no
podría funcionar en un sistema político donde todo es controlado por un solo
gobernante, incluido el sistema de justicia, pues entonces sus hallazgos no serían
juzgados con imparcialidad y la impunidad continuaría.
En
Honduras los jueces están sometidos a un régimen de terror por parte del
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, donde
Teodoro Bonilla, el verdugo, ha destituido a casi cien jueces y juezas, la mayoría
por no someterse a las “instrucciones” de su patrón, JOH. Algo similar ocurre
en el Ministerio Publico, que ha sido cómplice de la inoperancia por las
decenas de casos dormidos en sus oficinas “por órdenes superiores”. Ambos son
instrumentos cooptados por el gobernante para sus fines.
Así que por buenas que sean las
investigaciones de los fiscales de una eventual CICIH, mientras aquel personaje
siga en la silla presidencial, esa comisión por sí misma no podrá arrancarle a
un juez una sentencia condenatoria a gente de confianza del dictadorzuelo en las
altas esferas del Estado. Sería excepcional que en esas condiciones la CICIH
pudiera obtener la colaboración de fiscales y jueces borregos del oficialismo.
Por lo dicho, mientras JOH siga en el poder, no existirán las condiciones
institucionales en el Sistema Judicial hondureño para ensamblarle exitosamente
el mecanismo de la CICIH. Esta necesita un mínimo respeto a la división e
independencia de poderes.
Pero
sigamos con Guatemala. Se ha hecho creer que el accionar de la CICIG en
Guatemala fue lo que derribó a la Vice Presidenta, Roxana Baldetti, y que tiene
tambaleando al Presidente, Otto Molina Pérez. Por supuesto que tuvo una
influencia, pero en sentido estricto no es correcta esa afirmación. Los hechos no
sucedieron como se les vende a la gente.
Estando
cerca del fin de su segundo mandato, y para hacer méritos para un tercero, la
CICIG de Guatemala desarrolló una investigación de alto impacto en el caso de
corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
que llevó a los tribunales a la banda de “La Línea”. Este caso reveló
conexiones de muchos funcionarios públicos de mediana y baja categoría. Pero a
pesar de haber evidencias que incriminaban a la Vice Presidenta, Roxana
Baldetti, y al Presidente, Otto Molina, entre las decenas de involucrados, la
CICIG solo llegó a incriminar oficialmente a un funcionario de segundo nivel,
Juan Carlos Monzón, Secretario Privado de la Vice Presidenta, como el cabecilla
de la banda. Al llegar ahí, la CICIG no continuó esa línea de investigación
hacia arriba de la estructura del Estado. Eso le costó muchas críticas, pues
nadie se tragó que la Vice Presidenta y el mismo Presidente no estuvieran
enterados de ese latrocinio.
¿Por
qué se detuvo la investigación de las más altas autoridades del país? No es del
todo claro, pero sirve de pista saber que la CICIG de Guatemala tiene una
fuerte influencia de la Embajada de Estados Unidos, cuyo gobierno la
co-financia; además de la influencia de la oligarquía reunida en el Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF, algo así como el COHEP de Guatemala).
No
obstante, la información se filtró a las redes sociales y de ahí a la prensa
escrita, que en buena medida están en manos de la oposición al gobierno, lo
cual es una segunda diferencia importante con Honduras pues aquí toda la prensa
escrita se ha alineado con JOH. Eso dio lugar a que la convocatoria a un mitin
en la Plaza de la Constitución, por parte de un grupo de jóvenes, produjera la
concentración de decenas de miles de personas el pasado 25 de abril exigiendo
la salida del gobierno y cárcel para los corruptos. Otras decenas de miles más
se manifestaron en diferentes departamentos del país. Bajo la presión popular,
los diputados de oposición abrieron un expediente contra la Vice Presidenta de
la República y ésta tuvo que renunciar; incluso en el Congreso la oposición
aprovechó para abrirle un juicio político a Otto Molina. Al menos tres ministros
fueron “renunciados”.
Por
tanto, quienes realmente colocaron la cabeza de la Vice Presidenta, Baldetti, y
de otros tres ministros en la guillotina política, no fue la CICIG sino el
Pueblo guatemalteco movilizado multitudinariamente por iniciativa de los
jóvenes convocantes. Ese mismo pueblo tiene desestabilizado al gobierno del
Presidente Otto Molina... Pero sesgadamente, el crédito se lo han
atribuido exclusivamente a la CICIG, cuyos técnicos y “dueños” no pretendían
llegar tan lejos. Por tanto, sin demeritar que la CICIG ha tenido un rol fundamental
en la eficientización del sistema de justicia en Guatemala, debe indicarse
también que sus investigaciones se han limitado a afectar a los niveles
intermedios del crimen y ex Presidentes, con el cuidado de no abrir expediente
a las más altas autoridades del gobierno actualmente en el poder.
Un
dato interesante que encontré y que puede explicar esta conducta de la CICIG,
es que la Embajada norteamericana, que financia esa Comisión, se opuso al
Juicio Político contra Otto Pérez Molina, a fin de evitar una crisis mayor[1],
e hizo un fuerte cabildeo para impedirlo. Esto significa que los alcances de la
Comisión cuando toca casos de alto impacto político, están definidos por los
intereses políticos de quien financia su trabajo, en este caso de los gringos.
La
experiencia de Honduras ha sido diferente. Mientras en Guatemala la CICIG ayudo
a revelar la corrupción de la SAT, en Honduras el rol de investigar y difundir
la información sobre el latrocinio en el IHSS fue hecho por un periodista
valiente, David Romero Elner, desde su programa “Interpretando la Noticia”. Las
virtudes principales de su trabajo es que es una denuncia sólidamente
documentada y no se conforma con los “peces flacos” o mandaderos de segunda y
tercera categoría, sino que apunta directamente contra altos funcionarios
del Estado como el Presidente y Vice Presidenta del Congreso Nacional, el
Fiscal General del Estado y su Adjunto, el Designado Presidencial, y por supuesto,
al mismo Presidente de la República. Tan es así que, sintiéndose totalmente
desenmascarado, JOH llegó a admitir en un desliz el involucramiento del Partido
Nacional en el robo masivo contra el IHSS, llegando al cinismo de ofrecer la
devolución del dinero robado. En suma, David Romero llegó más lejos en
Honduras de lo que llegó la CICIG en Guatemala a nivel de descubrimiento del
delito.
Gracias
a las revelaciones hechas por este periodista, la indignación nacional se regó
como pólvora y los jóvenes que al principio estaban haciendo pequeños plantones
y manifestaciones contra la corrupción, se vieron inundados de gente que salió
por decenas de miles a las calles, desatando la majestuosa movilización popular
que vemos todas las semanas.
Pregunta:
¿Hubo necesidad de una CICIH para investigar la vinculación del partido de
gobierno con el más grande desfalco de la historia nacional? NO, lo que
básicamente necesitábamos saber ya fue destapado por la prensa independiente.
¿Y
el Juicio Político? ¿Servirá de algo? También aquí hay diferencias con
Guatemala. Allá el parlamento cuenta con una mayoría de la oposición (58 votos
del Partido Patriota en el gobierno contra 100 del resto de partidos) y no
existe un control monolítico del Estado por parte del Presidente, como en
Honduras. Ya en 2014 el Partido Patriota, gobernante, había sufrido una
importantísima derrota al ser derogada una de sus mayores apuestas, la Ley
Monsanto con 111 votos en contra; de hecho su gobierno y su partido se
encuentra en uno de sus momentos de mayor debilidad, pues se ha venido
desmoronando en los últimos meses con las renuncias de su candidato
presidencial, de alcaldes y diputados. Ahora su situación es peor. El
Antejuicio Político contra el Presidente Otto Pérez Molina fue aprobado en el
Congreso y ratificado por resolución de la Corte de Constitucionalidad (órgano
de arbitraje en conflictos entre los poderes constituidos) que rechazó el
amparo de la Corte Suprema de Justicia, afín al mandatario. Así que Otto Pérez está
en la cuerda floja producto de la presión popular.
En
Honduras es diferente, como lo ha demostrado el PST en su última Declaración[2].
Aquí, el gobierno está fuertemente atrincherado en el Estado y la “oposición”
burguesa agoniza. El primer escollo son los números: La figura del Juicio
Político no es viable pues se necesitan 86 votos para enjuiciar y destituir al
Fiscal General y Adjunto, y 92 para hacer lo mismo con el Presidente,
correlación de fuerzas que no tienen los partidos de la mal llamada
“oposición”, todos juntos.
La
mala noticia es que en lugar de avanzar, la “oposición” parlamentaria
retrocede. Es un hecho que después de la excepcional votación que dio al traste
con la constitucionalización de la Policía Militar en enero de este año, las
bancadas de oposición no han dejado de desintegrarse y hasta han perdido la
mayoría simple de votos (la mayoría simple se obtiene con 65 votos pero en su última
votación importante los “opositores” apenas lograron 45 votos). Peor aún, las
diferentes bancadas contrarias al gobierno muestran una vergonzosa
incoherencia, votando unas veces a favor y otras en contra de las causas que
interesan al Pueblo; por ejemplo, el PAC votó a favor de la Ley Marco de
Protección Social, que fue el motivo político para destruir financieramente al
IHSS; y ahora en julio la bancada del Partido Liberal votó junto al Partido
Nacional contra el Juicio Político al Fiscal General y Adjunto, dándole el tiro
de gracias a la alianza opositora.
Y
por los vientos que soplan, con la renovada alianza cachureca-liberal, JOH no
solo ha recuperado su mayoría absoluta en el Congreso sino que probablemente
logre influenciar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Así que
es prácticamente imposible que pueda prosperar una iniciativa que pretenda
hacer un Juicio Político a JOH desde el Congreso Nacional
Pero
más importante que los números es que, a diferencia de Guatemala, aquí el Poder
Ejecutivo tiene un control férreo de la cámara legislativa, debido al control
absoluto que tiene JOH sobre su Junta Directiva y sobre la bancada del Partido
Liberal, que le hace comparsa en las votaciones. Debido a eso la dirigencia y
diputados-as de LIBRE están tan castrados que ni siquiera hace valer su derecho
a presentar mociones y proyectos de Ley. A lo más que se atreven, después de la
gaseada que JOH les recetó en 2014, es a gritar y hacer bulla, y cuando no les
hacen caso, optan por retirarse. Realmente patético.
Resulta
más fácil hacer valer la voluntad del Pueblo rompiendo con esos esquemas,
aprovechando la actual ola de indignación popular, que esperar a que ocurra un
milagro en ese poder del estado. Por tanto, ni desde el Ejecutivo, ni desde el
Congreso ni desde la Corte Suprema cabe esperar nada positivo en relación con
la CICIH y el Juicio Político.
De
ahí que no es descartable que JOH, aunque por ahora se niega a hacerlo, si es
sometido a la presión suficiente, en última instancia pueda decidir negociar la
instalación de una CICIH, sabiendo que puede condicionarla de tal manera que
sea compatible con sus intereses.
En
ese sentido, quienes colocan la CICIH y el Juicio Político como condición para
que se enjuicie a JOH y su pandilla, conduce a desgastar el movimiento popular
en una meta irrealizable, y le da la oportunidad a aquel para que mantenga el
control de la situación y evada la justicia.
La
aprobación de estas demandas populares no se lograra siguiendo las reglas del
sistema. Pero la buena noticia es que NO necesitamos esas instancias y
figuras de la institucionalidad burguesa para echar a JOH.
El
campo de batalla ha dejado de ser el Congreso; ahora es la calle.
¿Investigación? Ya la hizo David Romero. ¿Juicio? El Pueblo hondureño ya hizo
su juicio político y su sentencia es exigir FUERA JOH. ¿Qué más debemos
esperar?
Lo
que necesitamos no son mecanismos de intermediación que estén bajo control del
sistema, que en lugar de ayudar, obstaculizan el avance del pueblo en su
propósito. Lo que necesitamos es que la movilización popular pase a una
etapa superior de lucha, a una insurrección popular, a partir de la
convocatoria a un Paro Cívico Nacional. De esa forma, podremos lograr el
objetivo de echar a JOH del gobierno.
Lograda
esa meta, un nuevo gobierno deberá convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente e instalar el mecanismo legal que crea más conveniente para
enjuiciar y llevar a la cárcel a estos delincuentes. Ese mecanismo puede ser un
Tribunal de Justicia Popular, integrado entre los millones de personas
honestas que participan del movimiento de los indignados-as; que eventualmente
pueda ser asesorado y apoyado técnicamente por una CICIH o algo similar en las
investigaciones, siempre y cuando esta última esté libre de influencias del
gobierno gringo, mismo que apoya dictaduras y corruptos en el mundo. La fuerza
necesaria para eso está en las calles, solo hace falta la voluntad para
hacerlo.
[2] Ver
Declaración del PST sobre los Desafíos
del Movimiento Indignado. Disponible en: http://www.psthonduras.org/2015/07/declaracion-politica-del-pst-sobre-los.htm